ARTICULO DE OPINION

 La trampa de la participación: Cuando la ciudadanía pone las ideas y el poder se queda con el crédito

Por Frans David Izquierdo

Imagine la siguiente escena, habitual en las localidades de Bogotá: una comunidad se reúne durante semanas en la casa de la participacion. Asisten jóvenes, líderes sociales, profesores y vecinos a las mesas de trabajo de la alcaldía local a las jornadas de presupuestos participativos. Allí presentan una propuesta detallada para transformar una realidad por ejemplo un  lote baldío en un parque ecológico cultural, con diseño de espacios, actividades comunitarias y un modelo de sostenibilidad. La iniciativa es aplaudida, registrada en actas y archivada.

Meses después, el proyecto se inaugura. El parque está allí, idéntico al concebido en las mesas de trabajo. Sin embargo, en la placa inaugural solo figuran los nombres de funcionarios de turno, y la contratación de la obra quedó en manos de terceros. A quienes dedicaron sus noches a pensar y estructurar la idea no se les menciona, no se les vincula en la ejecución ni se les da crédito alguno.

Esta práctica, lamentablemente extendida, no es un mero "descuido administrativo". Es una forma de despojo que mina la confianza en lo público y distorsiona el propósito de la democracia participativa.

1. De la ética al derecho: ¿Qué pasa con la propiedad intelectual en lo público?

Para comprender el problema, es necesario distinguir los componentes de la propiedad intelectual:

• Derecho de Autor: Protege las obras literarias, artísticas, científicas y los soportes materiales o digitales donde se expresan las ideas (diseños, documentos de proyecto, mapas, ensayos).
• Propiedad Industrial: Protege las patentes, marcas e invenciones aplicables a la industria y el comercio.

Si bien en el derecho de autor existe la máxima de que "las ideas abstractas no se protegen, sino su forma de expresión", en el marco de la gestión pública la discusión va más allá del registro formal ante una oficina de patentes o de derechos de autor.

Cuando la ciudadanía entrega proyectos estructurados en convocatorias públicas, consultas o cabildos, no está aportando ideas etéreas en una conversación informal: está entregando documentos, planes de trabajo y propuestas metodológicas que constituyen creaciones intelectuales. Ignorar la autoría de estas propuestas en el ámbito público constituye una falta ética gravísima y vulnera el principio de buena fe sobre el cual se edifica la relación entre el Estado y la sociedad.

2. La traición al espíritu de la Constitución de 1991

La Constitución Política de Colombia de 1991 instauró un modelo de democracia participativa cuyo valor supremo es la dignidad y la agencia directa del ciudadano. Instrumentar la creatividad de la gente para cumplir metas de gobierno rompe directamente con el marco constitucional:

Artículo 2: Establece entre los fines esenciales del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

Artículo 3: Consagra que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público".

Artículo 40: Garantiza el derecho de todo ciudadano a "participar en la conformación, ejercicio y control del poder político".

Artículo 103: Define los mecanismos de participación democrática (consultas populares, cabildos abiertos, iniciativas populares, entre otros) como vías directas de ejercicio de la soberanía.

Artículo 61: Dispone expresamente que "el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley".

Cuando una entidad pública o un actor privado convoca a la ciudadanía bajo el discurso de los Artículos 2, 40 y 103, pero luego toma los proyectos para ejecutarlos de forma cerrada y sin crédito, traiciona el espíritu protector del Artículo 61. La participación pasa de ser un derecho fundamental a convertirse en un mecanismo de extracción gratuita de conocimiento comunitario.

3. Las consecuencias: la erosión del tejido democrático

El uso no reconocido de proyectos ciudadanos genera consecuencias sociales inmediatas:

El costo de la apropiación indebida:

1.     Causal de desincentivo: El ciudadano concluye que proponer no vale la pena porque la institución o un tercero terminará apropiándose de su trabajo.

2.     Ruptura de la confianza: Se consolida la percepción de que las convocatorias públicas son fachadas para justificar presupuestos o validar decisiones tomadas de antemano.

3.     Perpetuación de asimetrías de poder: Quienes conciben las soluciones comunitarias quedan invisibilizados, mientras que el capital político o económico de la ejecución es absorbido únicamente por administradores y contratistas.

4. Hacia una verdadera trazabilidad y respeto de la iniciativa popular

Para evitar que la participación ciudadana continúe siendo un espacio de despojo intelectual, es urgente implementar reformas en la contratación y gestión pública:

1. Sistemas de Trazabilidad y Licenciamiento Abierto: Todo banco de proyectos o consulta pública debe otorgar un código de registro público a las propuestas presentadas, estableciendo licencias donde se obligue al Estado a citar y reconocer formalmente a los autores intelectuales de la iniciativa.
2. Cláusulas de Vinculación y Acompañamiento: Si una idea ciudadana es viabilizada y presupuestada, los pliegos de condiciones deben garantizar la presencia de sus creadores en los comités de veeduría, seguimiento o desarrollo del proyecto.
3. Veedurías Ciudadanas con Control de Autoría: La ciudadanía debe vigilar no solo la ejecución financiera de las obras, sino la fidelidad y el respeto a los diseños e intenciones originales propuestos por la comunidad.

Proteger la propiedad intelectual en los procesos participativos no es un capricho corporativo ni un asunto exclusivo de grandes marcas: es un principio de justicia social. Una democracia que pide las ideas de su pueblo pero le niega el reconocimiento de su autoría, no está democratizando el poder; únicamente está instrumentalizando la inteligencia colectiva.