Articulo de Opinion FDIR
¿Más armas, más seguridad? Una mirada pacifista al porte de armas en Colombia
En Colombia, la discusión sobre el porte de armas de fuego suele partir de una preocupación legítima: ¿cómo puede defenderse un ciudadano cuando siente que el Estado no logra protegerlo frente al delito? Sin embargo, desde una perspectiva pacifista, considero que la respuesta no puede ser simplemente poner más armas en las manos de la ciudadanía. Una sociedad verdaderamente segura no es aquella en la que cada persona está preparada para responder con violencia, sino aquella que logra prevenirla, reducir los conflictos y garantizar que la fuerza no sea la primera respuesta.
El problema colombiano merece especial atención porque ya existe una elevada presencia de armas entre particulares. Un documento publicado en la Cámara de Representantes señala que para Colombia se estiman alrededor de 4.971.000 armas en manos de civiles, legales o ilegales, mientras que unas 706.210 estarían registradas legalmente. El mismo documento registra que en 2023 hubo 10.433 homicidios cometidos con armas de fuego, además de 72.466 hurtos a personas y 3.773 lesiones personales en los que estuvieron involucradas armas de fuego.
Estas cifras deberían llevarnos a una pregunta más profunda: si las armas fueran por sí mismas una garantía de seguridad, ¿por qué una sociedad con una presencia tan importante de ellas continúa enfrentando niveles tan altos de violencia? La Corte Constitucional también ha señalado que Colombia presenta un elevado índice de homicidios y que, en 2017, el 72 % de los asesinatos registrados se realizó mediante armas de fuego.
Un ejemplo latinoamericano que merece ser observado es Brasil. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro se flexibilizaron considerablemente las condiciones para acceder a armas de fuego. Entre 2018 y 2022, el número de armas de fuego registradas aumentó 473 %, pasando posteriormente a una reducción importante de nuevos registros cuando se endurecieron nuevamente las regulaciones. En 2023 Brasil todavía tenía más de 2 millones de armas registradas, un número 227,3 % superior al registrado en 2017.
Los resultados no permiten sostener que armar a la población sea una solución automática para la violencia. Un estudio publicado en Economic Policy encontró que la legislación brasileña que restringió el porte estuvo asociada con una reducción del 12,2 % en los homicidios con armas de fuego y del 16,3 % en las heridas por disparos con intención de matar.
Esto no significa que todas las muertes violentas de Brasil puedan atribuirse exclusivamente a las armas ni que una sola política explique toda la criminalidad. Brasil tiene problemas complejos relacionados con desigualdad, crimen organizado y capacidad institucional. Precisamente por eso, el caso resulta importante: la facilidad para acceder a armas no garantiza que los ciudadanos estén más seguros y puede incrementar los riesgos en determinados contextos.
Otro caso es Estados Unidos, donde existe una cultura de posesión de armas mucho más arraigada y una amplia disponibilidad de armas de fuego. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022 se produjeron más de 48.000 muertes relacionadas con armas de fuego; más de la mitad fueron suicidios y más de cuatro de cada diez correspondieron a homicidios.
En 2024, los datos del CDC registraron 20.162 homicidios en total, de los cuales 15.364 fueron homicidios con armas de fuego, equivalentes a una tasa de 4,5 por cada 100.000 habitantes.
No sería correcto afirmar que la disponibilidad de armas es la única causa de la violencia estadounidense. Existen factores sociales, económicos, culturales y criminales que intervienen. Pero sí constituye una advertencia poderosa: una sociedad altamente armada no necesariamente es una sociedad pacífica ni libre de violencia.
Desde una posición pacifista, no se trata de desconocer el miedo de una persona que camina por una calle peligrosa ni de negar su derecho a sentirse protegida. El punto es cuestionar si convertir al ciudadano en potencial portador de un arma es realmente el camino más seguro.
El arma puede ofrecer una sensación inmediata de poder y protección, pero también puede transformar una discusión en una tragedia. Un conflicto entre vecinos, una pelea familiar, una reacción impulsiva ante un insulto o un enfrentamiento durante un robo pueden adquirir consecuencias irreversibles cuando existe un arma disponible.
Por eso, la seguridad no debería medirse por cuántas armas tiene una sociedad, sino por cuántas vidas logra proteger sin utilizarlas. Colombia necesita fortalecer la Policía y la justicia, combatir el tráfico ilegal de armas, mejorar la convivencia ciudadana, invertir en educación y oportunidades para los jóvenes y desarrollar estrategias de prevención de la violencia.
La paz no significa vivir indefensos; significa construir condiciones en las que la defensa de la vida no dependa de responder violencia con más violencia. Antes de preguntarnos cuántos ciudadanos deberían portar un arma, deberíamos preguntarnos cómo conseguir que cada colombiano pueda salir de su casa, regresar a ella y resolver sus conflictos sin necesitarla.
Una sociedad armada puede sentirse más poderosa; una sociedad que aprende a resolver sus conflictos pacíficamente puede llegar a ser verdaderamente más segura.
Comentarios
Publicar un comentario