EL CARÁCTER HISTÓRICO DE NUESTRA VIOLENCIA POLÍTICA

Desde nuestra independencia como nación en el siglo XIX padecimos diez guerras civiles, cuyos resultados, medidos en términos de dolor, sangre, desconfianza y afectación de la economía, no pueden considerarse, desde la distancia que nos proporcionan los años, como justificadas por los motivos invocados para su realización. 

Ni Dios, ni el pueblo, ni el anticlericalismo o la forma de la república pueden considerarse ahora razón

suficiente para causar daños seguros a cambio de dudosos beneficios.

En el siglo XX, algunos habitantes  en el mundo guardaban la esperanza de que fuera el siglo en que el hombre extinguiera las guerras de la faz de la tierra, luego de un periodo de relativa normalidad (1910 a 1945) se presentó en nuestro país el período conocido como el de «la violencia»; etapa gris de nuestra historia que resulta emblemática para exhibir cómo el fervor político podía traducirse en pretensiones de eliminación física del oponente. 

Sin que aún el Frente Nacional hubiese culminado la eliminación de la violencia,en la década de los sesenta surgen movimientos guerrilleros que en nombre del pueblo pretenden una revolución de corte marxista. Con la notoria alteración de contexto, fines, métodos, fuerza y financiación que la prolongación del conflicto facilita, hemos ingresado al siglo XXI con la exacerbación del enfrentamiento y la irracionalidad de sus

resultados.

Este somero recuento, que exigiría un mayor examen para extraer

mejores consecuencias, permite cuando menos preguntarse: ¿Hasta qué punto estamos obligados a pensar las soluciones de la confrontación interna desde la mirada estratégica de suprimir la posibilidad de subsiguientes conflicto:;y no sólo desde las urgencias que la coyuntura impone?

¿Qué utilidad racional ha tenido alimentar la ferocidad entre los colombianos si con ello no cesa la expresión violenta?

La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. El conflicto también tiene graves consecuencias para quienes se quedan en su hogar ya que, por ejemplo, ven limitado su acceso a los servicios médicos o al suministro de agua.

Consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia:

Mientras las partes en conflicto adelantan los enfrentamientos armados en zonas rurales, la población que habita estas áreas vive en permanente peligro y está expuesta a violaciones del DIH como: homicidios y/o ataques a personas protegidas por el DIH; desapariciones forzadas; violencia sexual; toma de rehenes; reclutamiento forzado; malos tratos físicos y/o psicológicos; y desplazamiento forzado.

La falta de respeto al principio de distinción entre combatientes y civiles, la estigmatización, las presiones para colaborar generando represalias directas contra los civiles, la ocupación de bienes civiles privados o públicos y la contaminación por armas son otros factores agravantes que afectan la vida de las comunidades.

Todas estas violaciones conllevan a los habitantes de estas zonas a desplazarse y perderlo todo. Indudablemente, si se reducen las violaciones al DIH, se podrá contribuir a que menos personas sientan la necesidad vital de abandonar sus hogares y desplazarse hacia otro lugar más seguro.

El conflicto armado en Colombia también afecta a la población civil residente en términos de acceso a servicios básicos tales como: la atención médica, la educación, el agua y saneamiento, sobre todo en áreas remotas. El acceso a estos servicios es aún más complicado por las consecuencias de la crisis económica y la baja inversión estatal.

Las comunidades que viven en lugares remotos están cada vez más confinadas y con frecuencia no pueden salir a causa de los controles establecidos por las partes en conflicto, además sufren de una serie de restricciones de bienes de primera necesidad, situación que afecta aún más la economía de estas familias/comunidades que ya era muy frágil.

Más allá de insistir en la importancia que tiene la aplicación de las normas humanitarias, es fundamental que los dirigentes políticos y los actores armados involucrados en el conflicto tomen todas las precauciones necesarias para proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades.   

Los homicidios causados por fuerzas de seguridad en Colombia disminuyeron en 2009 y aumentaron aunque a menor ritmo los desplazamientos forzados de población civil por el conflicto armado, que ha tenido consecuencias "devastadoras" para la población civil, según Amnistía Internacional (AI).

Todas las partes en el conflicto colombiano -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, añade la organización no gubernamental en su Informe 2010 divulgado en Londres.

AI, que ha visitado en cuatro ocasiones Colombia el pasado año, denuncia en su estudio desplazamientos y desapariciones forzados, homicidios de civiles, violencia sexual contra mujeres, toma de rehenes, reclutamiento obligado de menores y ataques indiscriminados contra la población.

Al menos 114 indígenas murieron de forma violenta, así como ocho activistas de derechos humanos y 39 sindicalistas, 286.000 personas pasaron a engrosar la lista de desplazados internos y se registraron 213 secuestros, la mayoría de bandas de delincuentes aunque también de las guerrillas, añade el informe.

En 2009 también aumentaron los homicidios de miembros de grupos sociales marginados y pueblos indígenas, así como las amenazas contra activistas de los derechos humanos, según AI.

Se registró un "fuerte incremento" de la violencia en algunas de las mayores ciudades colombianas, que se atribuyó al conflicto armado, a delitos relacionados con el narcotráfico y a actos de "limpieza social" , afirma Amnistía.

La entidad humanitaria cita datos de la ONG Centro de Investigación y Educación Popular para reseñar que el año pasado se cometieron 184 homicidios -frente a 84 en 2008- de personas pertenecientes a grupos sociales marginados en zonas urbanas, en su mayoría a manos de paramilitares.

Además, añade que los grupos paramilitares mantuvieron sus actividades delictivas sobre todo contra defensores de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, frente a las afirmaciones del gobierno de que han depuesto las armas tras el acuerdo de 2006.

AI acusa a la guerrilla de las Farc de homicidio de civiles, reclutamiento de niños y niñas y toma de rehenes, así como de utilizar minas antipersonal, artefactos que causaron la muerte de 111 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, destaca avances en la investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de la "parapolítica" , por el que unos 80 miembros del Congreso -la mayoría de partidos de la coalición gobernante- estaban sometidos a indagación por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.