Colombia: Cincuenta años de violencia
Garry M. Leech
Red de Información de Las Américas
Introducción
La Violencia y el Frente Nacional
La Proliferación de los Grupos Guerrilleros
Las FARC y el Auge de la Coca
La Proliferación de Organizaciones Paramilitares
Los Estados Unidos de América y los Paramilitares
Los Estados Unidos y la Guerra de las Drogas
Conclusión
Introducción
La guerra civil en Colombia ha
estado simbolizada por enormes violaciones de los derechos humanos, en drástico
aumento en las últimas dos décadas. Los grupos internacionales pro derechos
humanos no se cansan de reiterar que las organizaciones paramilitares
ultraderechistas son los máximos responsables de los abusos contra los derechos
humanos. Los grupos paramilitares están estrechamente vinculados a las Fuerzas
Armadas colombinas en su cruzada no solo contra las guerrillas, sino contra
cualquier persona simpatizante de ellas, como por ejemplo, miembros del sector
sindical, organizadores agrarios, activistas pro derechos humanos y sectores
religiosos. Algunos jefes paramilitares han ido más lejos en su ampliación de
los parámetros de lucha contra las guerrillas, incluyendo entre los llamados
simpatizantes a drogadictos, alcohólicos, prostitutas, delincuentes menores e
indigentes, en su empeño de "limpia" de la sociedad colombiana.
Los esfuerzos [para conseguir la
paz]se han visto saboteados por los señores de la "guerra contra las
drogas", y por la elite política, económica y militar del país que
pretende preservar una "democracia" que ha marginado a gran parte de
la población.
La lectura generalizada de los
actuales medios de comunicación tiende a ser la de catalogar el conflicto como
"la guerra civil de los 35 años," localizando su origen en la
formación oficial de diversos grupos guerrilleros a mediados de la década de
1960. Sin embargo, el origen del principal grupo guerrillero del país, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), data de los antiguos
movimientos de autodefensa campesina surgidos entre 1948 y 1958 durante el
periodo conocido como La Violencia.
La Violencia y el Frente Nacional
Durante el siglo XIX y principios
del XX, la política colombiana ha estado dominada por los partidos Liberal y
Conservador, cuya influencia se extendía desde Bogotá hasta prácticamente todos
los pueblos del país. Las diferencias ideológicas entre la elite liberal y
conservadora reverberaban en toda la sociedad colombiana, a menudo, desatando
oleadas de violencia y enfrentamiento entre los Lealistas Liberales y las
Facciones Conservadoras, tanto en las elites como en el campesinado.
A finales de la década de 1940 el
disidente Liberal Jorge Eliécer Gaitán, proveniente de los movimientos por la
reforma agraria y laboral impulsados por Liberales y Comunistas, era el
principal candidato presidencial. Pero, el 9 deabril de 1948, Gaitán fue asesinado en
Bogotá, desatando el Bogotazo, la revuelta popular de la clase baja liberal que
se saldó con una masiva ola de destrucción y saqueo en la capital.
Revueltas campesinas liberales
similares surgían simultáneamente por todo el país, dando lugar al
enfrentamiento de Liberales y Conservadores rurales entre sí. Reticente a
aceptar una rebelión social del campesinado, los dirigentes liberales
respaldaron las vías represivas con las que el gobierno Conservador ponía fin a
la rebelión para preservar la oligarquía Liberal y Conservadora. No obstante,
pese a la sutil alianza entre el partido Liberal y el partido Conservador, dos
destacados miembros del partido Liberal fueron asesinados en 1949. Esto daba
lugar a la abstinencia del partido Liberal en las elecciones presidenciales de
1950, las cuales habría de ganar, sin oposición, el candidato conservador
Laureano Gómez. Aunque la rebelión fuera eficazmente sofocada en Bogotá, se
siguieron produciendo esporádicos levantamientos armados por parte del
campesinado en las provincias. El presidente Gómez, quien consideraba a los
campesinos similares a los Comunistas, respondió a los levantamientos con
extrema represión. Muchos de los Liberales en las fuerzas de la policía
nacional fueron despedidos y reemplazados por campesinos del distrito
conservador Boyacá de Chulavita, cuya extrema brutalidad resultó infame.
A principios de 1950, el régimen de
Gómez -- respaldado por la Iglesia, la cual había sido victimizada durante la
revuelta, y por los Estados Unidos de América, que observaba el apoyo del
Partido Comunista a los campesinos a través de las lentes de la Guerra Fría, --
intensificó la represión al máximo. La caótica violencia dio lugar al
enfrentamiento rural entre los sectores Liberales y Conservadores. También dio
lugar a luchas entre la oligarquía y los campesinos sin tierra que tendrían
como resultado el abandono de sus tierras por parte de los latifundistas para
refugiarse en la relativa seguridad de las ciudades.
En 1953 Gómez era derrocado en un
golpe militar que llevaría al poder al General Gustavo Rojas Pinilla. Rojas
Pinilla enviaba a los militares a recuperar las propiedades abandonadas por los
latifundistas en su huida a las ciudades. La respuesta de los campesinos
armados fue la llamada a la reforma agraria. En junio de 1953, en un intento de
poner fin a La Violencia, Rojas Pinilla concedía una amnistía a todos los
campesinos armados, y respondía a su reivindicación de reforma agraria con la
creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia. Aunque, en realidad, esta
oficina hiciera bien poco por el problema agrario, sí consiguió, no obstante,
suscitar la sospecha en la elite Liberal y Conservadora de que Rojas Pinilla
pudiera estar utilizándola para aumentar el apoyo popular. En junio de 1954,
Rojas Pinilla ampliaba la amnistía a aquellos reclusos encarcelados por actos
de terrorismo en nombre del régimen de Gómez.
Muchos de los Gomezistas
excarcelados comenzaron de inmediato a asesinar a campesinos inocentes,
obligando a los amnistiados a retomar las armas de nuevo. En 1955 Rojas Pinilla
respondía con el lanzamiento de una enorme ofensiva militar contra aquellos
campesinos que habían retomado las armas en lo que vendría a denominarse la
Guerra de Villarica. Fue en el departamento del Tolima, durante esta ofensiva, donde
los movimientos campesinos de autodefensa -- que luego habrían de convertirse
las FARC -- se fundaron. Las elites Conservadora y Liberal atribuyeron la
responsabilidad del resurgimiento de La Violencia a Rojas Pinilla. En 1957,
tras una huelga general y protestas en las calles de la capital, Rojas Pinilla
presentaba su renuncia.
Al año siguiente la elite
Conservadora y Liberal implementaba un acuerdo de poder compartido denominado
Frente Nacional, en virtud del cual ambas partes se alternarían en la presidencia
por periodos de cuatro años, distribuyéndose por igual entre las dos
formaciones todos los cargos públicos. La formación del Frente Nacional puso
fin al concepto típico del siglo XIX de La Violencia: el conflicto entre las
distintas facciones de la elite gobernante. Sin embargo, el nuevo gobierno
habría de lidiar con los campesinos armados.
Muchos campesinos, en su mayoría
Liberales y Comunistas, habían logrado sobrevivir a las ofensivas militares por
medio de largas marchas, bajo la protección de los movimientos armados de
autodefensa principalmente, a las inhabitadas tierras de los departamentos
orientales de Meta y Caquetá. Los campesinos limpiaron la zona de maleza y
cultivaron extensas áreas de tierra que declararon "repúblicas independientes",
en un intento de liberarse del gobierno nacional, que tan poca confianza
inspiraba, dada su "experiencia personal de partidismo social y económico
y el doble sistema de valores establecido por las clases dominantes."1
Sin embargo, los campesinos no tardarían
en comprobar que la tan desesperadamente necesitada autonomía que habían creído
encontrar, no era tal, conforme los grandes latifundistas se propusieron
ampliar sus terrenos, reclamando la propiedad de las tierras limpiadas. Es más,
el gobierno no tenía la más mínima intención de dejar en paz a los campesinos
colonizadores: "Al declarar estas repúblicas como atajos de bandidos
Comunistas, el gobierno se hacía con la excusa para lanzar ataques militares
contra ellos, condenarlos políticamente, y bloquearlos económicamente... El
único resultado posible era la guerra. Una tras otra, las repúblicas cayeron en
manos del ejército, y una vez bajo control del gobierno la tierra quedó
concentrada en manos de los principales terratenientes."2
Los campesinos, que se vieron
forzados a adentrarse en la selva, se dieron cuenta de que la única oportunidad
de lograr la justicia social residía en su capacidad para librar una guerra
contra el gobierno a nivel nacional. Como consecuencia, los movimientos de
autodefensa armados se dispersaron en unidades por varias regiones del país a
fin de luchar en diversos frentes, al tiempo que mantenían una estructura de
comandancia central. El 20 de julio de 1964, los diversos frentes de los
movimientos de autodefensa armados establecían su propio programa de reforma
agraria. Dos años después se convertían oficialmente en las FARC."3
La Proliferación de Grupos Guerrilleros
En 1960 el partido político
independiente, Alianza Nacional Popular (ANAPO), formado por los seguidores de Rojas
Pinilla participaba en las elecciones al congreso. La popularidad de ANAPO fue
en aumento a lo largo de los años sesenta, apelando a muchos de los que dejó de
lado la Alianza del Frente Nacional. Rojas Pinilla participó como candidato de
ANAPO en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 y tras liderar
inicialmente la campaña era derrotado por un estrecho margen por el candidato
del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Muchos consideraron que el
recuento de los votos había sido fraudulento, lo que daba lugar a la creación
del movimiento guerrillero M-19, adoptando la fecha de la elección por nombre,
en 1972, por miembros del sector socialista de ANAPO.
El M-19 fue ganando notoriedad tras
una serie de resueltos ataques urbanos que incluía la ocupación del Palacio de
Justicia en Bogotá en 1985. Este último ataque ocasionó la muerte de más de
cien personas, incluidos once jueces de la Corte Suprema, durante los dos días
que duró la contienda con el ejército. En 1989 las guerrillas del M-19 decidían
deponer las armas a cambio de un indulto total del gobierno. Las antiguas
guerrillas decidieron crear un partido político, aunque muchos de ellos no
tardarían en ser asesinados a manos de los ultraderechistas escuadrones de la
muerte.
El M-19 se creó en respuesta a la
política del Frente Nacional de reservar los altos cargos ejecutivos a los
miembros de la elite Conservadora y Liberal. Esta "limitada
democracia" también creo el caldo de cultivo para otros movimientos
guerrilleros en la década de 1960, aunque también hubo otros factores en juego.
La Revolución Cubana influyó a muchos radicales en América Latina, convencidos
de la teoría del foco del Che Guevara de que la insurrección armada sea la
senda revolucionaria a seguir. Asimismo, el respaldo del Partido Comunista
Colombiano a las resoluciones aprobadas en el XX Congreso del Partido Comunista
Soviético, llamando a la revolución pacífica, condujo a muchos jóvenes
colombianos a abandonar el partido para abrazar el modelo cubano.
Estos factores daban origen a la
creación del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el departamento de
Antioquía, a mediados de 1960. Tras la escisión Sovietica-China el EPL adoptó
la teoría Maoísta de una "guerra popular continua". Pero en la década
de 1980 empezó a distanciarse de la filosofía Maoísta y en agosto de 1990
decidía deponer las armas para participar en el proceso político, si bien una
pequeña facción disidente continuó con la lucha armada en la zona norte de
Colombia.
El segundo grupo guerrillero del
país, de inspiración cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgió
en 1964 en el departamento de Santander, de la mano de estudiantes
universitarios recién retornados de Cuba. El ELN se adhirió estrictamente a los
principios del Che en cuanto a la lucha de guerrillas rural y, al contrario que
el M-19 y el EPL, hasta la fecha se niega a deponer las armas y a tomar parte
en el proceso político. El sociólogo Eduardo Pizarro subraya que: "En los
últimos años el ELN ha concentrado su actividad y sus esfuerzos casi
exclusivamente en obstaculizar y destruir a la industria petrolera y a minar
con éxito los oleoductos del norte del país."4 De hecho, entre 1986 y 1997
el ELN se responsabilizó del bombardeo de 636 oleoductos que generaron pérdidas
del orden de 1.5 mil millones de dólares en ingresos no percibidos para la
empresa petrolífera estatal Ecopetrol.5
Las FARC son el único grupo
guerrillero con raíces campesinas que anteceden en el tiempo tanto al Frente
Nacional como a la Revolución Cubana. En cambio, el ELN, el EPL y el M-19 eran
todos movimientos liderados por intelectuales urbanos, exponentes típicos de
los grupos guerrilleros emergentes en América Latina en la década de 1960:
reacciones armadas, de inspiración Cubana, a la coyuntura política y económica
interna.
Las FARC y el Auge de la Coca
Las elecciones presidenciales de
1974 pusieron punto final a la Alianza del Frente Nacional ya que los
candidatos Liberales y Conservadores participaron por separado. Los dieciséis
años de gobierno del Frente Nacional habían logrado reducir el número de
muertes -- si se compara con los 200.000 colombianos que perdieron la vida
durante la década de La Violencia -- pero resultaron incapaces de atajar el
tema de la reforma agraria y el drástico aumento de la pobreza. Durante los
años de Frente Nacional el porcentaje de la fuerza laboral del país que vivía
en la más absoluta pobreza se duplicó, pasando del 25% al 50.7%. Los datos eran
aún peores en lo concerniente a la fuerza laboral rural, donde el índice de
pobreza absoluta sufría un incremento del 25.4% al 67.5%."6 A la luz de
semejante pobreza, no es de extrañar que cuando empezó el auge de la coca a
finales de 1970, la fascinación por los beneficios de la droga diera como
resultado una masiva ola de inmigración de desempleados urbanos y campesinos
sin tierra hacia las regiones predominantemente controladas por las FARC. las
FARC fueron capaces de ofrecer [a estos sectores] servicios sociales y
económicos "en sectores de crédito, educación, sanidad, justicia,
registro, obras públicas, y programas ecológicos y culturales."7
Los jefes de los cárteles de la
droga de Medellín y de Cali empezaron a invertir sus nuevas ganancias en
propiedades, principalmente enormes fincas ganaderas, lo que ciertamente los
colocaba en las filas del enemigo tradicional de las guerrillas. Los nuevos
narco-terratenientes se pusieron de inmediato a organizar sus propias fuerzas
paramilitares para combatir a las guerrillas y a diversos otros grupos
considerados simpatizantes de las guerrillas.
La Proliferación de Organizaciones Paramilitares
En su guerra contra los
narco-terratenientes las guerrillas daban con otra lucrativa fuente de ingresos
como complemento a sus impuestos sobre la coca: el secuestro de los narco-terratenientes
y sus familiares. Como respuesta a esta estrategia de la guerrilla, 223
traficantes de droga en Cali organizaban el grupo paramilitar llamado Muerte a
Secuestradores (MAS) en diciembre de 1981. Durante la siguiente década se
crearon cientos de organizaciones paramilitares inspiradas en el modelo del
MAS.
La organización internacional pro
Derechos Humanos, Human Rights Watch, describe a una de tales organizaciones
fundadas por el Batallón Bárbula en Puerto Bocayá, Santander, bajo la dirección
del Capitán Oscar de Jesús Echandía: "En 1982, Echandía convocó a una
reunión a los lugareños, incluidos los dirigentes de los partidos Conservador y
Liberal, hombres de negocios, hacendados, y representantes de la Texas
Petroleum Company, tras la cual llegaron a la conclusión de que su objetivo
trascendía la mera protección de la población contra las exigencias de la
guerrilla. Querían limpiar la zona de "subversivos."8
En consecuencia, tras la reunión,
se contrató a hombres a los que se armó para llevar a efecto la
"limpieza", con el apoyo logístico del ejército colombiano. La nueva
fuerza paramilitar se denominaría MAS, homónimo de la organización de Cali. El
acrónimo MAS lo fueron adoptando tantos grupos nuevos que pronto se convirtió
en sinónimo de "organización paramilitar".
Dos de los civiles entrenados por
el Batallón Bomboná en Puerto Berrío para operaciones de guerra paramilitar
eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado [y
ejecutado] por las FARC. Los hermanos no tardaron en formar su propia fuerza
paramilitar a la que denominaron Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá
(ACCU), y, "para el final de la década, Fidel Castaño, conocido como
'Rambo,' era ya un alto mando paramilitar así como un influyente traficante de
drogas."9
Entretanto, la Unión Patriótica,
frente político de las FARC, se fundaba tras una tregua pactada por las FARC y
el Presidente Belisario Betancur en enero de 1983. Catorce meses después se
firmaban los acuerdos de La Uribe y el sociólogo Ricardo Vargas Meza afirmaba:
"Mediante la incorporación de algunas de las reivindicaciones
socioeconómicas de las FARC y la consolidación de la tregua, los acuerdos abren
la posibilidad de una resolución política del conflicto. La postura de Betancur
marcaba un cambio de rumbo radical del que mostrataran sus predecesores, ya que
éste reconocía expresamente que La Violencia de la guerrilla era consecuencia
de determinadas realidades sociales, admitiendo la relación entre dichas
condiciones sociales y las reivindicaciones de los insurgentes."10
Sin embargo, muchos legisladores se
opusieron a las iniciativas de Betancur y, con la ayuda del recién elegido
presidente Virgilio Barco en 1986, no tardaron en poner punto final a cualquier
negociación que pusiera en juego los intereses de la oligarquía. Además de
poner fin a la tregua, "el estado desataba la guerra sucia, dirigida
principalmente a la Unión Patriótica. Tan sólo durante 1988, cerca de 200
dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados."11 En total, más de
2,000 miembros de la Unión Patriótica murieron asesinados entre 1985 y 1992.
Las organizaciones paramilitares
involucradas en la guerra sucia no sólo estaban aliadas con las Fuerzas Armadas
de Colombia sino que eran milicias legales. La Comisión para el Estudio de La
Violencia subraya que la Ley 48, aprobada en 1968, "permitía al ejército
la organización y el aprovisionamiento de armas a grupos de civiles, grupos a
los que se denominaba unidades de "autodefensa", para luchar contra
la delincuencia organizada así como contra los grupos armados que operaban en
ciertas regiones campesinas."12 Durante la tregua de los acuerdos de La
Uribe, cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron prohibidas, el
Ejército amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que
se hicieran cargo de las operaciones de "limpieza" contra la
población campesina rural. La utilización de fuerzas paramilitares en la guerra
sucia permitió al ejército cierto grado de "negación plausible" en
cuanto al abuso de los derechos humanos.
A pesar de la proliferación de
paramilitares, las FARC lograban mantener con éxito el control de muchas
regiones de las zonas del sur y el este del país. No obstante, en algunas
regiones norteñas las fuerzas paramilitares impusieron, mediante el uso del
terror, una intensa contrarreforma agraria que provocó el éxodo masivo de
poblaciones enteras. Esto permitió a los narco-terratenientes ir expandiendo los
lindes de sus tierras, al tiempo que obstaculizaban las bases del apoyo
campesino a las guerrillas. Para finales de 1980, los traficantes de drogas se
habían convertido en los principales terratenientes del país, y, como
resultado, convertían "extensas franjas rurales de Colombia en extensas
fincas de pasto para ganado improductivo."13
El 20 de febrero de 1983, el
Procurador General hizo públicos los resultados de una investigación ordenada
por el Presidente Belisario Betancur sobre la actividad de las organizaciones
de MAS en los escuadrones de la muerte. De los 163 individuos implicados según
el informe, 59 eran miembros activos de la policía o el ejército. El Padre
Javier Giraldo S.J., director ejecutivo del grupo colombiano pro derechos
humanos, Congregación de Justicia y Paz, señaló que la reacción de las Fuerzas
Armadas y el Ministro de Defensa al informe sugerían que la posibilidad de un
golpe militar era inminente. En consecuencia, "La mismísima Fiscalía
General adoptó desde ese momento una actitud favorable para con el
paramilitarismo, inhibiéndose en su labor de recaudo de pruebas o negándose a
la aplicación de cualquier medida sancionadora contra los miembros de
MAS."14
Dada la rara ocasión en la que los
cargos contra un miembro del MAS o de las Fuerzas Armadas consiguen prosperar y
llegar a juicio, los jueces, temiendo por sus vidas, transfieren el caso a un
tribunal militar que invariablemente termina por desestimar los cargos. Es esta
impunidad la que permite al ejército y a sus grupos paramilitares asociados
librar la guerra contra la población campesina del país sin temor a una
eventual retribución. Es más, Colombia ha pasado la mayor parte de las dos
últimas décadas bajo un "estado de sitio" oficial, durante el cual,
el ejército ha gozado de una virtual autonomía en la gestión del conflicto
social, mientras el gobierno se centra prácticamente en exclusiva, en asuntos
burocráticos y administrativos. En suma, este sistema de gobierno
"dual" permite al ejército y a sus aliados paramilitares funcionar
sin tener que rendir cuentas a nadie.
Durante la noche del 4 de marzo de
1988, un grupo de hombres armados aniquilaron a 17 trabajadores de la granja La
Honduras y a tres trabajadores más de la vecina granja La Negra en la región de
Urabá, en el departamento de Antioquía. Todas las víctimas eran miembros del
sindicato. La subsiguiente investigación de la matanza reveló que "durante
las semanas previas a la masacre el ejército había arrestado a algunas de las
eventuales víctimas, les había fotografiado, y había procedido a la detención
de otras personas de las que obtenían información por medio de la tortura. Esta
información le era después facilitada a los asesinos. Antes de la masacre, los
asesinos fueron alojados en el hotel Medellín a cargo del Mayor Luis Becerra
Bohórquez, uno de los miembros de la división de inteligencia de la Décima
Brigada. Becerra pagaba los gastos con su propia tarjeta del Diners
Club."15
En septiembre de 1988, la Jueza
Martha Lucia González, quien más tarde se habría de ver forzada a abandonar el
país bajo amenazas de muerte, emitía una orden de arresto contra Becerra que
jamás habría de llegar a efectuarse, porque, "el oficial no se hallaba
disponible puesto que se encontraba en los Estados Unidos de América recibiendo
un curso esencial para su ascenso a teniente coronel. "16 Poco después de
que sus cargos fueran desestimados, Becerra se vio involucrado en una operación
conjunta del ejército con los paramilitares en la masacre de 13 personas más en
Riofrío el 5 de octubre de 1993. Tras la matanza de Riofrío Becerra se vio
forzado a retirarse por decreto ejecutivo, y pese a la emisión de una nueva
orden de arresto contra su persona, hoy es aún un hombre libre.
También se expidió una orden de
arresto para el dirigente del grupo paramilitar ACCU, Fidel Castaño, por su
participación en las matanzas de La Honduras / La Negra. Castaño nunca llegó a
ser arrestado, pese a ser sentenciado en ausencia y condenado a una pena de
veinte años de prisión. El dirigente del ACCU también estuvo implicado en
cuatro masacres más entre 1988 y 1990 y "el mismo Castaño admite haber
tomado parte, en 1990, en la planificación del asesinato del candidato
presidencial de la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo."17
Pese a que el ejército está implicado
en la creación y en las operaciones de muchas de las organizaciones
paramilitares, estas no siempre están bajo su control. Para 1989 los
narco-terratenientes no sólo disponían de sus propias fuerzas paramilitares
contra las guerrillas y los campesinos rurales, sino que también ampliaban sus
objetivos abarcando a representantes del gobierno, especialmente políticos y
jueces que se atrevieran a pronunciarse contra las actividades de los
narcotraficantes o los escuadrones de la muerte.
El 18 de enero de 1989, dos jueces
y diez investigadores que se ocupaban de investigar cierto número de asesinatos
por parte de las fuerzas paramilitares, fueron masacrados por los
paramilitares. El gobierno ya no podía seguir ignorando las espeluznantes
estadísticas: el drástico incremento en el número de asesinatos políticos, de
1.053 en la década de 1970 a 12.859 en la década de 1980, incluidas 108
masacres sólo en 1988.18 Sin embargo, lo más importante desde la perspectiva de
la clase política fue el hecho de que, cada vez más, los representantes del
gobierno se constituyeran en objetivo de los paramilitares.
Como consecuencia, el presidente
Virgilio Barco criticó a las organizaciones paramilitares en un discurso en
abril de 1989: "En realidad, la mayoría de sus víctimas no forman parte de
las guerrillas. Son hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en
armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos."19 El 25 de
mayo de 1989, el Tribunal Supremo de Colombia dictaminó la inconstitucionalidad
de la Ley 48 y al mes siguiente el Presidente Barco emitió el Decreto 1194 en
el que se establecía la ilegalidad de cualquier forma de colaboración,
participación o creación de grupos de "autodefensa" por parte del
ejército o de la población civil.
Sobra decir que la ilegalización de
los paramilitares sirvió de poco a la hora de disminuir sus actividades o su
afiliación con las fuerzas armadas. El Padre Giraldo describe el testimonio de
un informador del ejército y testigo presencial en la masacre de Trujillo acaecida
en marzo de 1990, escasamente un año después de la abolición de la Ley 48 y la
entrada en vigor del Decreto 1194: "Poco después de la medianoche del 31,
un grupo conjunto de miembros del ejército y paramilitares sacaban a rastras de
sus hogares a un nutrido grupo de campesinos, para conducirlos a la hacienda de
un de reconocido narcotraficante y allí torturarlos brutalmente, antes de
desmembrarlos con una sierra mecánica. El comandante del ejército se reservaba
para sí mismo la más brutal de las torturas."20
Tras la masacre el informante del
ejército huyó y finalmente prestaba testimonio ante representantes de la
Fiscalía General. Una vez más los tribunales colombianos mostraban su
incapacidad para juzgar a los presuntos responsables de la masacre. El Padre Giraldo
y su organización decidieron personarse en el caso, en nombre de las 63
víctimas, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos.
Tras dos años de discusiones el
gobierno colombiano aceptaba la creación de una comisión extrajudicial
compuesta de representantes gubernamentales y no gubernamentales. La recién
creada Comisión llegó a la conclusión de que el gobierno era responsable de las
operaciones del personal del ejército involucrado en la masacre, estableciendo
compensaciones para los familiares de las víctimas. Sin embargo, los
responsables de la masacre jamás llegaron a ser castigados, dado que
previamente fueron indultados por los tribunales colombianos.21
Los Estados Unidos de América y los Paramilitares
En febrero de 1990, el presidente
de los Estados Unidos de América, George Bush, anunció su Iniciativa Andina, la
cual consistía en una ayuda económica y militar de 2.2 miles de millones a
Colombia, Perú y Bolivia. Dos tercios de la ayuda estaba destinada a cuerpos
del ejército y policiales como parte de la estrategia estadounidense americana
para la guerra contra las drogas, desde el frente militar, ignorando las raíces
económicas (ej. la pobreza) subyacentes en la producción de coca. Es más, a los
gobiernos se les impuso la previa aceptación de la ayuda militar para poder
acceder a la ayuda económica.22
En respuesta a la
"condicionada" Iniciativa Andina, "Ni siquiera el gobierno
colombiano de Virgilio Barco mostró reserva alguna a la hora de firmar el
acuerdo militar, posibilitando a la Casa Blanca de Bush estrechar sus
relaciones con uno de las más brutales fuerzas policiales del hemisferio,
quienes, junto con la policía y los ultraderechistas escuadrones de la muerte,
habían colaborado estrechamente con el cártel de Medellín durante más de una
década."23
La administración de los Estados
Unidos de América no sólo se proponía intensificar su guerra contra las drogas,
como pretendía hacer creer a la opinión pública, sino que a su vez, se iría
involucrando más y más en operaciones contra insurgentes en Colombia. En 1990
los Estados Unidos de América, para asesorar al ejército colombiano en la
reorganización de su sistema de inteligencia, creó un grupo de catorce personas
que "incluía a representantes del Grupo Militar de la Embajada de los
EE.UU., de la Comandancia del sur de EE.UU., de la Agencia de Inteligencia y
Defensa, y, de la CIA".24 En mayo de 1991 se completó la reorganización y
el Ministro de Defensa Colombiano emitió la Orden 200-05/91.
Según el grupo Human Rights Watch:
"Contrariamente a los supuestos objetivos de la estrategia Andina, la
Orden 200-05/91 tiene poco, por no decir nada, que ver con la guerra contra las
drogas."25 De hecho, no se hace una sola mención a las drogas en las dieciséis
páginas de que consta la Orden 200-05/91. En efecto, la Orden formula una
estrategia para ayudar al ejército colombiano a deshacerse de las guerrillas.
Una de las consecuencias de la
Orden 200-05/91 fue el menoscabo del Decreto 1194 que prohibía tanto a los
civiles como a los miembros del ejército la creación, asistencia o
participación en grupos de "autodefensa". Según Human Rights Watch,
la Orden 200-05/91 llamaba a los militares a la creación de treinta "redes
de inteligencia" y a la "instrucción de comandantes y brigadas de
división para la selección de candidatos "sean civiles o personal del
ejército ya retirado", para reintegrarlo en su sistema de redes."26
Una de esas treinta redes la creaba
la marina en Barrancabermeja, situada sobre el río Magdelena en las
inmediaciones de la mayor refinería petrolífera de Colombia. Uno de los
miembros de la red, Felipe Gómez, quien testificó a cambio de la reducción de
su condena, admitió haber organizado varias organizaciones paramilitares para
el ejército. También aseguró haber "recibido armas y equipamiento de la
marina, en el que se incluía rifles de repetición, rifles M16, rifles Galil,
revólveres, pistolas, ametralladoras, granadas de fragmentación, manuales de
instrucción militar, y radios bidireccionales de alta frecuencia que servían
para la comunicación del ejército con la marina."27
Y es que, no solo va contra la ley
que la población civil cuente con este tipo de armamento, sino que, a raíz de
una sentencia del Corte Suprema en 1989 que juzga la Ley 48 inconstitucional,
es ilegal que el ejército suministre ese tipo de armamento a la población
civil. Carlos David López, el administrador de la red de Barrancabermeja,
también prestó testimonio ante las autoridades civiles y en su confesión
atribuyó a la red la perpretación de 46 asesinatos durante el primer semestre
de 1992. Gómez, López, y los demás testigos que prestaron testimonio sobre las
actividades de la red de espionaje de Barrancabermeja se hallan desde entonces
en "paradero desconocido."
La función de los paramilitares
quedó aún más legitimada el 13 de diciembre de 1994, cuando el Presidente
Ernesto Samper lanzó un nuevo programa bajo el título de CONVIVIR, mediante el
cual se autorizó a la población civil al establecimiento de "cooperativas
rurales de seguridad" con la clara intención de crear tropas de
inteligencia en sus regiones."28 En suma, CONVIVIR, junto con la Orden
200-05/91, sirvió tan solo para volver a legalizar las organizaciones
paramilitares.
La reorganización de la red de
inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia es tan sólo un aspecto de la
implicación de EE.UU. en la campaña militar de Colombia contra la insurgencia.
Las organizaciones pro derechos humanos sostienen que el grueso de la ayuda
estadounidense a Colombia durante la década de 1990 ha ido a parar a unidades
del ejército de Colombia que cuentan con todo un historial de abusos contra los
derechos humanos, y cuya principal función es la guerra contra la insurgencia,
no contra las drogas.29
En respuesta a los abusos contra
los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del ejército colombiano y sus
aliados paramilitares, EE.UU. detuvo la ayuda militar a Colombia entre 1994 y
1997. Sin embargo, el Washington Post, en un artículo publicado en 25 de marzo
de 1998, aseguraba que había desplegados 28 destacamentos de Fuerzas Especiales
en 1996 "en base a una ley de 1991 que permite a las Fuerzas Especiales de
EE.UU. recibir adiestramiento en suelo extranjero si el principal propósito del
adiestramiento redunda en beneficio de las tropas estadounidenses."30
Cuesta imaginar que las Fuerzas Especiales de EE.UU. puedan ser "los
principales beneficiarios" del adiestramiento contra insurgente que le
pueda proporcionar el ejército colombiano con sus escasamente entrenadas, equipadas
y motivadas tropas.
La Administración Clinton siguió
sirviéndose de la ley de 1991 tras la restauración de la ayuda, porque no
estaba sujeta a la masiva enmienda de la Ley de Apropiaciones y Operaciones
Extranjeras, la cual tan sólo permite la recepción de la ayuda a las unidades
del ejército de Colombia que respeten los derechos humanos. Tan contradictorias
políticas han permitido a la Administración Clinton proyectar una imagen de
firme defensor de los derechos humanos sin ver comprometido su apoyo a un
estado represivo.
Es más, los oficiales y soldados
del ejército colombiano reciben adiestramiento regular en la Escuela Militar de
las Américas (School of the Americas) en Fort Benning, Georgia. Según Human
Rights Watch: "Varios de estos oficiales eran estudiantes de la citada
academia cuando su currículo incluía manuales de adiestramiento en los que se
recomendaba a los soldados el recurso al soborno, el chantaje, la amenaza y la
tortura contra la insurgencia."31 Muchos de los oficiales implicados en
las violaciones de derechos humanos, incluido el susodicho Coronel Becerra
Bohórquez, involucrado en las matanzas de La Honduras / La Negra y Riofrío, son
antiguos alumnos de la Escuela de las Américas.
Otro de los aspectos trágicos del
conflicto ha sido el dramático incremento de las operaciones de
"asesinatos de limpieza social" cometidos por los paramilitares. La
misión de muchas organizaciones paramilitares hoy incluye una purificación
"moral" de la sociedad colombiana, con la "aniquilación física de
los adictos a las drogas, exconvictos, ladrones de poca monta y delincuentes,
prostitutas, homosexuales, indigentes y niños abandonados a su suerte en las
calles."32
Entre 1989 y 1993 se dieron 1.926
casos documentados de limpieza social llevados a cabo por los escuadrones de la
muerte o asesinos familiarmente conocidos como los "sicarios." Muchos
de estos asesinos proceden de las filas de la juventud urbana desempleada que
se está viendo cada vez más marginada a consecuencia del deterioro que sufre la
economía colombiana. Irónicamente, una vez que sus contratantes consideran que
saben demasiado, estos jóvenes asesinos pasan a constituir el objetivo de los
recién reclutados sicarios.
En su ensayo, "The
Possibilities for Peace," (Las Posibilidades de la Paz) Arturo Alape
ilustra el nivel de violencia actual en Colombia: "En los primeros 11
meses de 1997, 23.532 personas murieron asesinadas -- un promedio de 70
personas asesinadas al día. Con un total de 185 matanzas de carácter político
solo en 1997, Colombia figura en las organizaciones pro derechos humanos como
uno de los violadores más atroces de dichos derechos del planeta."33
Las matanzas políticas y de
limpieza social no son las únicas consecuencias trágicas del conflicto:
Colombia es actualmente el líder global en secuestros con 1.658 casos en
1998;35 se calcula en más de 1.500 el número de personas
"desaparecidas" por razones políticas durante la pasada década;36 y
actualmente son más de un millón los refugiados integrales que se han visto
obligados a abandonar sus hogares a raíz de la lucha.37
Los Estados Unidos y la Guerra contra las Drogas
La puesta al día de la capacidad
militar de las FARC durante la pasada década ha dado como resultado un
consiguiente incremento de la actividad militar, incluidos los abusos contra
los derechos humanos. En 1985, las FARC solo controlaban 173 de las 1071
municipios del país, mientras que hoy controla 622.39 Para contrarrestar los
avances de las FARC, Carlos Castaño, quien se convirtió en líder de la ACCU
tras la desaparición de su hermano en 1994, expandió su radio de acción
paramilitar del ámbito regional al nacional en abril de 1997. Entonces cambió
la denominación de las unidades de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá
(ACCU), para pasar a llamarlas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC
iniciaron recientemente su actividad en las regiones del sur del país que han
sido tradicionalmente fortalezas de la guerrilla.
En noviembre de 1998, el presidente
Andres Pastrana procedió a la retirada de 2,000 soldados y policías de un área
de 16.200 millas cuadradas en el sur de Colombia como paso previo a las
inminentes conversaciones de paz con las FARC. La ofensiva paramilitar lanzada
simultáneamente con las conversaciones se cobró la vida de 136 civiles en
espacio de cuatro días. En respuesta, las FARC se retiró de la mesa de
negociación aduciendo que los paramilitares eran un impedimento para el proceso
de paz por lo que las negociaciones no podían continuar en tanto el gobierno no
hiciera un verdadero esfuerzo para desmantelar los escuadrones de la muerte de
extrema derecha. Las iniciativas de paz hechas a título individual por los
diversos presidentes se han visto históricamente frustradas por la oligarquía,
el ejército y los paramilitares, quienes se niegan a reconocer la legitimación
de las reivindicaciones de los campesinos y la guerrilla.
Además el gobierno de EE.UU. sigue
enfocándose en la solución militar en su "guerra contra las drogas,"
que ha llegado a asociarse virtualmente con la guerra contra las guerrillas. Al
referirse continuamente a las guerrillas como "narco-guerrillas" o
"narco-terroristas" y asociarlas al tráfico de drogas, la
Administración Clinton está falseando gravemente un conflicto que lleva
cincuenta años profundamente enraizado en las desigualdades políticas, sociales
y económicas tan predominantes en la sociedad colombiana. Incluso la Agencia
estadounidense contra las Drogas reconoce que "las FARC no están
implicadas en el tráfico internacional de drogas. Es más bien uno de los tantos
actores implicados--incluidos elementos de las fuerzas armadas de Colombia y
las organizaciones paramilitares--en el lucrativo mercado de la droga."40
En 1998, el Congreso de los Estados
Unidos concedió a Colombia una ayuda de 290 millones de dólares para la lucha
contra la droga, con el fin de ser utilizados en el siguiente trienio. El
grueso de esta ayuda se destinó a la compra de helicópteros y armamento para
los cuerpos del ejército y la policía para su utilización en sus proyectos de
erradicación de coca. Solo 45 millones de esa ayuda fueron designados a
programas de cultivo alternativo. En este mismo año, el gobierno de EE.UU.
empezó a presionar al gobierno colombiano para que aprobara el uso del
herbicida Tebuthiuron, un agente químico extremadamente potente que extermina
prácticamente todo aquello con lo que entra en contacto.
Incluso Dow Agro Sciences, la
empresa que manufactura el agente, asegura que el herbicida no es apto para su
uso masivo en la erradicación de coca: "El Tebuthiuron no está indicado
para su uso en la erradicación de cultivos en Colombia, y confiamos en que no
se utilice para la erradicación de cultivos ilícitos. Puede ser altamente
peligroso en situaciones en las que el territorio es montañoso y donde la
lluvia sea abundante, exista vegetación saludable en las cercanías, y siempre
que no se respeten las circunstancias y condiciones mínimas de
utilización."41 Esta descripción geográfica define a la perfección el
terreno de las selvas montañosas en las que se cultiva la mayor parte de la
coca en Colombia, donde EE.UU. pretende rociar el herbicida desde gran altura,
en lo que se puede denominar "más que deficientes circunstancias." El
gobierno colombiano, debido a su recelo ambiental, se ha negado hasta la fecha
a ceder ante la presión de EE.UU. en lo referente al Tebuthiuron.
La actual estrategia de apoyo de
EE.UU. a una de las fuerzas militares más represivas del hemisferio, en su
cruzada contra las guerrillas y los campesinos que cultivan la coca, ignora
prácticamente las realidades económicas que obligan a los empobrecidos
campesinos a la producción de la coca.. En una entrevista reciente el
comandante supremo de las FARC, Manuel Marulanda (alias "Tirofijo"),
aseguró que su organización podría erradicar la producción de coca en un periodo
de tres a cinco años.
Para probar la viabilidad de su
afirmación, Marulanda afirmaba que, de contar con la ayuda económica del
gobierno y las organizaciones internacionales, le sería posible hacerse del
control de un municipio para erradicar la producción de coca, mediante la
institución de un programa de sustitución de cultivos.42 Al margen de la
viabilidad de las afirmaciones de Marulanda, está claro que la estrategia de
erradicación de los cultivos de coca de los EE.UU., sin proporcionar a los
campesinos alternativas viables, ha sido un fracaso a la hora de atajar la
producción de coca.
Conclusión
Desde hace cincuenta años las FARC
y sus predecesores aseguran estar luchando por la reforma agraria y la justicia
social para la población campesina de Colombia. Las FARC se han convertido en
una poderosa fuerza militar de entre 15.000 y 20.000 militantes, que controla
aproximadamente el 40% del país. Un informe de la Agencia de Inteligencia de
Defensa de EE.UU. (DIA) publicado en noviembre de 1997 "concluía que las
Fuerzas Armadas de Colombia se podrían ver derrotadas en espacio de cinco años,
a menos que el gobierno del país recobre la legitimidad política y sus fuerzas
armadas se reestructuren de arriba abajo."43
El Zar antidrogas estadounidense,
el General Barry McCaffrey se hizo eco de las conclusiones del informe de la
DIA cuando recientemente aseguró que la democracia colombiana se está viendo
seriamente amenazada por el creciente poder de las guerrillas.44 Tal tipo de
declaraciones le llevan a uno a pensar que el concepto de
"democracia" de McCaffrey implica: el "mantenimiento" de un
orden social bajo un estado de sitio militar; la impunidad de las fuerzas
paramilitares que regularmente masacran a la población civil; el asesinato
rutinario de los candidatos políticos de la oposición a las elites
conservadoras y liberales; un sistema judicial paralizado presa del miedo; y
una población civil cuyo medio económico principal para la supervivencia sea la
producción ilegal de coca. En efecto, si la elite política, económica y
militar, con la colaboración de los paramilitares, continúa reprimiendo una
auténtica reforma democrática, el ocaso de la "democracia" colombiana
puede ser irremediable.
ACTIVIDAD
Después de haber realizado la lectura realice:
1. mapas conceptuales de
La Violencia y el Frente Nacional
La Proliferación de los Grupos Guerrilleros
Las FARC y el Auge de la Coca
La Proliferación de Organizaciones Paramilitares
2. Cuadros sinopticos
Los Estados Unidos de América y los Paramilitares
Los Estados Unidos y la Guerra de las Drogas
Conclusión
PREPARE DE LA LECTURA ( LA EVALUACION )
NOTA MAPAS CONCEPTUALES Y CUADROS SINOPTICOS EN HOJAS EXAMEN
