lunes, 25 de mayo de 2015

actividad grado 11

LECTURA NEOLIBERALISMO Y DEMOCRACIA

En un ambiente de competencia perfecta la economía, libre de la intervención del Estado, se sitúa en una posición de equilibrio de manera permanente. Y en el equilibrio tanto productores como consumidores maximizan sus funciones objetivo: los productores maximizan sus beneficios sujetos a una restricción técnica de producción, en tanto que los consumidores maximizan su utilidad o su satisfacción sujetos a un ingreso monetario limitado. 

Desde esa perspectiva para Vilfredo Pareto, economista italiano representante de la escuela de Lausana, el equilibrio es óptimo en el sentido “de que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra”. En el equilibrio, si se quiere mejorar el bienestar de los productores se puede hacer, pero al costo de empeorar el bienestar de los consumidores y viceversa. Luego entonces, en el equilibrio lo mejor es no hacer nada (lo cual no implica ausencia de política) ya que tanto productores como consumidores están en una situación óptima, “en el mejor de los mundos posibles a condición de que dejemos las cosas en libertad” (Keynes 1936: 40) 

Pero en concreto, ¿qué es el neoliberalismo? Se designa con el término neoliberal a la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, cuyo principal exponente es el norteamericano Milton Friedman. Milton Friedman es seguidor y continuador de la línea trazada por los clásicos ingleses, es decir, por Adam Smith y David Ricardo que fueron los primeros en postular la libertad económica como condición necesaria y suficiente del progreso material de los pueblos. Luego entonces, los liberales propiamente dichos son Smith y Ricardo y los nuevos liberales Friedman y sus seguidores, entre los que destaca Gil Díaz como misionero del dogma neoliberal en México. 

Para Milton Friedman, al igual que para Adam Smith y David Ricardo, el progreso económico y social de los pueblos descansa en la libertad, descansa en la combinación de libertad económica y libertad política; es más, para Milton Friedman la libertad económica promueve la libertad política, es decir, la democracia:

“La libertad económica es un requisito esencial de la libertad política. Al permitir que las personas cooperen entre sí sin la coacción de un centro decisorio, la libertad económica reduce el área sobre la que se ejerce el poder político. Además, al descentralizar el poder económico, el sistema de mercado compensa cualquier concentración de poder político que pudiera producirse. La combinación de poder político y económico en las mismas manos es una fórmula segura para llegar a la tiranía” (Friedman1979: 17). 

Pero las experiencias de Chile y de otros países del Cono Sur no confirman la aseveración de Friedman. La libertad económica no promueve necesariamente la libertad política, o la libertad política no es el resultado de la libertad económica. ¿Qué acaso Chile no estuvo gobernado por un tirano como Augusto Pinochet? ¿Qué acaso Argentina, Paraguay y Uruguay no estuvieron gobernados por militares? ¿Qué acaso no se suprimió en esos países la democracia en aras de la eficiencia económica a que conduce el libre mercado? 

Luego entonces, la experiencia demuestra que el neoliberalismo requiere de una buena dosis de autoritarismo e inflexibilidad para tener viabilidad y un relativo éxito, como en el caso sobre todo de Chile donde se suprimieron las libertades políticas en aras de la libertad y la eficiencia económica a ultranza, esto es, se “estrechó la “mano militar” del autoritarismo y la represión, con la “mano invisible” del libre mercado” (Villarreal 1986: 17). 

Asimismo, y una vez más y siguiendo la tradición en el sentido de que si en su momento el neoclasicismo  marginalista surgió como respuesta a la economía marxista, el neoliberalismo surge como respuesta al Estado keynesiano, es decir, el neoliberalismo “es el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a todas las conquistas sociales, larga y duramente alcanzadas por el Estado benefactor que surge de la revolución keynesiana, y del Estado planificador y promotor del desarrollo que surge de la rebelión estructuralista” (Villarreal 1986:16). Es decir, el neoliberalismo se contrapone al Estado administrador de la demanda efectiva (para procurar el pleno empleo) y al Estado benefactor (para garantizar una justa distribución del ingreso) que surge de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes. En este sentido, “F. A. Hayek, nacido en 1899 y perteneciente a la escuela de Viena, se convirtió en campeón de la apología del sistema liberal y en encarnizado enemigo intelectual de Keynes... Mientras que, según Hayek, desde el nacimiento de la ciencia económica todos los verdaderos economistas han actuado para construir una economía de mercado donde se reduce cada vez más el papel del Estado, Keynes aboga, por el contrario, por un control total de la sociedad civil por parte del Estado; no tiene confianza en los automatismos del mercado que armonizan tan bien los planes individuales de los agentes, los cuales acaban plenamente con las contradicciones y neutralizan los poderes privados para que sólo reinen las restricciones objetivas “ (Guillén 1984: 21). 

De esa manera, el neoliberalismo “es el retorno a la vieja ortodoxia del liberalismo económico clásico que, anunciando eufórico su grito de guerra: volvamos al mercado libre, muera el Estado Leviatán!, ha ido penetrando al Estado -con la vieja artimaña del caballo de Troya- para apuntalarse desde el centro de gravedad mismo de la sociedad. Ello implica que el Estado tiene que abdicar no solamente de sus facultades de intervención y regulación del mercado -teórica e históricamente sustento de la economía mixta-, sino que también ha de tirar por la borda el catálogo de derechos políticos y sociales que constituyen y fundamentan la libertad política de la democracia” (Villarreal 1986: 17). 

Cabe señalar que el neoliberalismo está conformado por tres grandes vertientes que dan cuenta de su complejidad teórica y de sus fines ideológicos: El Monetarismo de Milton Friedman,  la Nueva Macroeconomía Clásica de Lucas-Sargent y la Economía de la Oferta de Laffer-Wannisky. Hay diferencias teóricas importantes entre cada una de ellas, pero tienen una ideología en común: “Eliminar al Estado keynesiano (en los países desarrollados) y, adicionalmente, al Estado planificador y promotor del desarrollo económico (en los países subdesarrollados)”. ¿Y cuáles son las diferencias teóricas entre el Monetarismo, la Nueva Macroeconomía Clásica y la Economía de la Oferta? Someramente, son las siguientes: 

1. En un contexto de competencia perfecta, de precios y salarios relativamente flexibles y de expectativas adaptativas, los monetaristas aceptan que en el corto plazo el banco central puede aumentar el nivel de demanda agregada y reducir el desempleo, por debajo de su tasa natural, al costo de una mayor inflación (curva de Phillips de pendiente negativa). No obstante, ello a su vez aumentará las expectativas de inflación ante lo cual los trabajadores tratarán de ajustar sus salarios a la alza, lo que significa que si la autoridad monetaria intenta reducir el desempleo sólo logrará una mayor inflación (curva de Phillips vertical). De esa manera, los monetaristas aceptan que en el corto plazo el activismo económico del Estado puede reducir el desempleo al costo de una mayor inflación, pero no así en el largo plazo en el cual genera mayor inflación sin lograr disminuir el desempleo. En este contexto, se podría decir que en el largo plazo la moneda es “neutral” porque no tiene ninguna incidencia sobre el PIB a precios constantes, el empleo, los salarios reales y los precios relativos. 

Para Hugo Contreras, “la posición monetarista se distingue por aceptar que los agentes pueden cometer errores sistemáticos y que el equilibrio de los mercados se restaura con lentitud... Milton Friedman suscribe la dicotomía marshalliana entre el corto y largo plazos...” (Contreras 1995: 39), según la cual a largo plazo no se justifica la intervención del Estado en la economía. 

2. Bajo el supuesto extremo de expectativas racionales, los nuevos macroeconomistas clásicos afirman que aun en el corto plazo la curva de Phillips es perfectamente vertical. “Suponen que los agentes económicos no sólo conocen perfectamente el efecto de cualquier política monetaria o fiscal en la demanda agregada, sino que además conocen sus relaciones económicas y toman en cuenta los cambios de política. Por ejemplo, ante un incremento dado del gasto agregado, los agentes saben que corresponderá un aumento determinado de la inflación después de cierto tiempo. De allí que, como todos los agentes económicos tienen las mismas expectativas, el proceso de ajuste es automático, aun en el corto plazo, tanto en el mercado de trabajo (salarios) como en el mercado de bienes y servicios y en el monetario“ (Villarreal 1986: 92). 

Es decir que Lucas, a diferencia de Friedman, “se adscribe al método walrasiano de especificación plena de la optimización continua” (Contreras 1995: 39). Para Lucas, al igual que para Walras, en un contexto de competencia perfecta y de precios y salarios flexibles la economía tiende de manera instantánea, automática y continua al equilibrio general de pleno empleo; luego entonces, ¿qué caso tiene que el Estado intervenga en la economía? De intervenir, sólo lograría contrariar y entorpecer el funcionamiento eficiente del mercado.  

3. Para los ofertistas la estanflación (estancamiento de la producción y del empleo en un contexto inflacionario) y la baja en la productividad que ha venido experimentando la economía norteamericana desde principios de la década de los ochenta, son resultado de un Estado benefactor que gasta demasiado en los pobres y que lo obliga, en última instancia, a incrementar los impuestos (al trabajo y al capital) para financiar dicho gasto. No obstante, y en un contexto crítico de la curva de Laffer, los impuestos, cuando suben demasiado, desalientan el trabajo, la producción y el empleo. El resultado: Se contrae la oferta agregada de la economía, aumenta el desempleo y los precios se van hacia arriba.

De esa manera para Laffer, como para Wannisky y Gilder, el Estado benefactor keynesiano grava el trabajo, la producción y el empleo para subsidiar la flojera y la pereza de los pobres. Por otra parte, y en adición al incremento de los impuestos, el Estado interventor limita la oferta agregada de la economía mediante leyes antimonopolio y anticontaminantes. Luego entonces, ¿qué hacer para volver a sentar a la economía norteamericana sobre bases firmes y sanas? Fundamentalmente tres cosas: 1) Reducir los gastos sociales eliminando al Estado benefactor, 2) reducir las elevadas tasas impositivas, esto es, restringir al Estado recaudador, y 3) eliminar todos los controles y regulaciones del mercado, esto es, eliminar al Estado controlador y regulador. 

Así, el grito de guerra del neoliberalismo es volver al mundo clásico de dejar hacer y dejar pasar: “que todo cambie de manera tal que todo permanezca igual que antes”. 

Por último, hay que señalar que las políticas fondomonetaristas (ampliamente aplicadas en América Latina) consisten en restricciones salariales, monetarias y fiscales para garantizar el ajuste y la estabilización de cualquier economía con problemas inflacionarios y en balanza de pagos.En este contexto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Sobre quién o quiénes recae la mayor parte del peso del ajuste y la estabilización? ¿Quiénes resultan beneficiados, en última instancia, con las restricciones salariales? ¿A quiénes beneficia la restricción monetaria que encarece el precio del dinero? ¿En realidad la política monetaria es “neutral”? ¿Por qué en la década de los noventa se han concedido cinco Premios Nobel a economistas de la Universidad de Chicago?¿Será que las teorías neoliberales favorecen a los dueños del dinero y de ahí el reconocimiento académico a las mismas?  

De esa manera, la ciencia económica de hoy, dominada por el neoliberalismo, es cronológicamente poskeynesiana pero intelectualmente prekeynesiana. El neoliberalismo, más que un avance, representa un regreso al mundo de la economía clásica y neoclásica que se creía superado por los acontecimientos (la Gran Depresión del 29) y por la Teoría General de John Maynard Keynes publicada en 1936. 

ACTIVIDAD

1. QUE AUTORES APARECEN EN LA LECTURA
2. REALICE 7 PREGUNTAS CON RESPUESTAS SOBRE LA LECTURA

martes, 19 de mayo de 2015

actividad 1004

ÓRGANOS DE CONTROL DEL ESTADO

Ley 201 de 1995. Por la cual se establecen la estructura y organización de la procuraduría general de la nación.

Creación de Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, cuyas funciones son:

* Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios por violaciones a los derechos humanos, genocidios, masacres, homicidios múltiples, desapariciones forzadas, torturas, al igual que por infracciones graves al derecho de que sean víctimas miembros de los grupos o minorías étnicas.

* Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, Convenios Internacionales, las Leyes, Decretos, Resoluciones, Actos Administrativos, y las decisiones judiciales relacionadas con los grupos étnicos.

* Promover ante las autoridades correspondientes las acciones necesarias para el reconocimiento y legitimación de los territorios tradicionales para los grupos étnicos.

* Intervenir como Agente del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia y por conducto de sus delegados ante las demás instancias, en asuntos judiciales en que se encuentren involucrados los miembros de la minorías étnicas.

* Intervenir en las situaciones administrativas y de policía en asuntos en que se encuentren involucrados miembros de los grupos étnicos.

* Iniciar las acciones respectivas acciones: populares, tutelas y de cumplimiento en defensa de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de los grupos étnicos.

* Intervenir en las situaciones administrativas o de policía y en las judiciales en los procesos relacionados con Resguardos Indígenas, o con la Ley 70 de 1993 y con la ocupación de tierras de los grupos étnicos.

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ARTICULO   267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la Ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.

ARTICULO 268. El Contralor General de la Republíca tendrá las siguientes atribuciones:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.

7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.

9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General.

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.

11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley.

12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

13. Las demás que señale la ley.

Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General.

ARTICULO  269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

ARTICULO  270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

ARTICULO  271. Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

ARTICULO  272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.

Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo.

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato.

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

ARTICULO 273. A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública.

Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley.

ARTICULO 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia.

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal.

Defensoria del pueblo

La figura del Defensor del Pueblo tiene origen en el sistema jurídico sueco, bajo el nombre de ombudsman, como un funcionario nombrado originalmente por el rey, y después por el parlamento, cuyas funciones consisten en vigilar y supervisar el cumplimiento de la ley, así como en denunciar los abusos del poder y proponer fórmulas de arreglo ante las quejas de los ciudadanos.

En Colombia, también gravitó desde la época de la fundación del Estado la idea de crear un órgano independiente de las tres ramas del poder, que actuara como aliado de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y garantías, que denunciara episodios de corrupción y que contribuyera con sus propuestas al mejoramiento de las leyes y de las prácticas administrativas.

DESIGNACIÓN Y ESTRUCTURA

Creado por la Constitución de 1991, el Defensor del Pueblo es elegido cada cuatro años por la Cámara de Representantes, de una terna enviada por el presidente de la República. Debe ser un colombiano de nacimiento, abogado de profesión, con excelente reputación, sin antecedentes penales y con más de diez años de experiencia profesional.

El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección del procurador general de la Nación, y los funcionarios que se desempeñan en la Defensoría son designados por el gobierno nacional. Esta dependencia tanto de la Procuraduría como del gobierno menguan la autonomía que está llamada a tener el órgano para cumplir a cabalidad con sus funciones, que comprenden, en especial, vigilar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, así como divulgarlos, y denunciar los abusos y atropellos que se cometan contra ellos, tanto por parte de las autoridades como por particulares.

Esas funciones pueden enmarcarse dentro de tres grandes categorías. La primera responde a una función educativa, en virtud de la cual el Defensor debe adelantar campañas de promoción y divulgación de la Constitución y de los derechos humanos.

En segundo lugar se encuentra la defensa de los ciudadanos, lo que hace del Defensor una especie de mediador entre aquéllos y la administración pública. Para cumplir con esta función la Defensoría cuenta —o debe contar— con mecanismos adecuados para atender a los reclamos de los ciudadanos con la celeridad, rapidez e inmediatez que requiere la protección de sus derechos e intereses. En ejercicio de esta función, el Defensor del Pueblo puede interponer acciones populares en representación de grupos de ciudadanos, así como acciones de tutela y habeas corpus a favor de personas determinadas, cuando lo considere pertinente. En general, mediante esta función el Defensor del Pueblo restituye el diálogo allí donde éste se ha roto, y por tanto crea nexos entre los ciudadanos y las instituciones estatales.

Por último, el Defensor tiene una importante atribución relacionada con la formación de opinión pública, la cual es, sin duda, la más importante de sus atribuciones, aunque sea a la vez la más difusa. El Defensor tiene el poder de denuncia pública, esto es, el encargo de poner el dedo en la llaga en materia de violaciones de derechos humanos y de dificultades para su plena realización. Mediante esta vocería, se espera que el Defensor del Pueblo constituya uno de los motores de la sociedad en la construcción de tejido social, de respeto y de convivencia civilizada. No obstante, el Defensor del Pueblo no tiene ningún poder punitivo.

Por ello, el Defensor goza de una cierta naturaleza bifronte: por una parte, es una autoridad del Estado, y por tanto, las instituciones públicas tienen el deber de cooperar con él. Pero, por la otra, carece de poder coactivo, lo cual de algún modo lo libera de complicaciones burocráticas y de formalidades procedimentales y lo acerca a la posición de los ciudadanos. Es, entonces, la más humana de las instituciones políticas y está llamada a situarse siempre del lado de los ciudadanos.

DINÁMICA DE LA FIGURA

En medio del horror del conflicto armado interno, la Defensoría ha dirigido su energía institucional, en los años recientes, hacia la búsqueda de mecanismos que contrarresten la situación de indefensión en que se encuentra la población civil. En ese sentido, debe resaltarse el "Sistema de alertas tempranas", que consiste en la advertencia que hace el Defensor sobre la inminencia de ataques armados a poblaciones, o sobre otras situaciones de riesgo para la población, con miras a activar una respuesta integral e inmediata del Estado que evite la consumación de masacres u otros actos de guerra.

Estas alertas tempranas han evitado la destrucción de poblados y le ha salvado la vida a centenares de colombianos, aunque es necesario admitir que la voz del Defensor no siempre es escuchada, y que así, pese a su llamado de alerta, la población de Bojayá fue víctima del fuego cruzado de los contendientes, a mediados del año 2002, con las consecuencias de holocausto que ahora avergüenzan a todos los colombianos.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo se ocupa en ofrecer alguna atención a los ya millones de colombianos desplazados por la guerra y, en el campo de la paz, también ha desarrollado algunas políticas para denunciar y paliar los abusos que padece la población en la prestación de los servicios públicos básicos, y ha llamado la atención sobre diversas injusticias, entre ellas, recientemente, la que padecen las mujeres que deciden abortar, ante una legislación que, en este punto, es completamente ciega ante la realidad social.

martes, 5 de mayo de 2015

actividad subdesarrollo

Las Características del Subdesarrollo

En si, las características que acosan a los países menos desarrollados son vastas. Nombrarlas a todas sería un largo camino, por eso nuestro cometido es explicar las más esenciales de estas naciones desfavorecidas. De esta manera, es preciso aclarar que vamos a seguir los rasgos principales que marcaron los siguientes autores: Paul Krugman y Maurice Obstfeld; Victor Becker y Francisco Mochón; y Ramón Tamames. Cada uno en sus respectivos libros sobre la Economía, para indicar a estos países como subdesarrollados.

Así, consideramos atractivo a la vista del lector que, además de las particularidades aportadas por estos autores, se les agreguen algunas más, que a nuestro entender son elementales en torno al tema tratado. Entonces, las características que subsisten en éstos países poco afortunados, no siendo estas jerárquicas, son las siguientes:

Mercados Financieros Acorde con sus Economías;
Intervención Estatal en la Economía;
Constante Impresión de Dinero;
Transacciones Financieras Estrictamente Controladas;
Exportaciones Dependiente;
Elevada Población;
Escasez de Capital Físico;
Distribución de la Renta; y
Estructura Económica.
1. Mercados Financieros Acorde con sus Economías. Comúnmente, las naciones menos desarrolladas económicamente, escasean en unos mercados financieros que le sean de sustento ante una crisis, impensada o no, que sacuda la estructura económica real de los países. Dentro de esta área, nos encontramos muy a diario con escaso dinero para realizar las inversiones necesarias para las industrias y empresas radicadas en ellos.

Los préstamos están totalmente controlados por la administración estatal, que regula a sus gustos y preferencias, con la aplicación a la baja o alta de los tipos de interés. De esta manera, por lo general con tipos de interés bajos, ejercen el control para que los créditos fluyan hacía los sectores que se quieren favorecer, pero carecen totalmente de una planificación que les muestre de manera ordenada a que sectores favorecer. Pues en estos países, se favorecen a sectores que apoyan a los gobiernos, mientras que excluyen a los menos poderosos y que no aportan su cuota al Estado.


Estos tipos de interés baratos, ocasionan una salida (y no entrada) de capital hacía los mercados más desarrollados. Así, se licua el ahorro nacional y se destina a otras actividades extranacionales, cuando se tendrían que conseguir que se inviertan en sus respectivos países para poder hacer frente a distintos compromisos.

Esto, generalmente, ha generado una cultura del “no ahorro” nacional, pues no existen activos financieros de altos rendimientos en las regiones en vías de desarrollo. Y, así, se es muy difícil financiar la inversión interna con capital propio.

2. Intervención Estatal en la Economía. Normalmente, los gobiernos de los países menos desarrollados, tienden a intervenir en sus economías con la filosofía de que la influencia es mejor para “tapar” las fallas del mercado; pero muy a menudo se olvidan de que el estado también tiene fallas, y éstas, suelen ser muy perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

Es común encontrar, en cantidad, las regulaciones que sucumben a la economía con la mayoría de empresas nacionales de origen público, dando procedencia a cierto déficit insolventes a largo plazo. Pero, recordemos, en las últimas décadas han acaecido una corriente masiva de privatizaciones, con las ventas desmedidas de las empresas estatales, que cambio la estructura económica de la mayoría de los países, generando para algunos perjuicios y para otros, los que hicieron mejor las cosas, beneficios.

Esta ola privatista, generó una enorme masa de capitales, que ingresaron a los países menos desarrollados, que fueron utilizados para tapar ciertos “agujeros” que la economía de cada nación presentaba. Así, los beneficiarios fueron, entre otros, el sector servicio. En cambio, el más perjudicado, uno de los tantos, fue el sector mano de obra.

El objetivo primordial que perseguían los defensores de la apertura económica en los países subdesarrollados, aplicaban la fórmula de que esto generaría mayor eficiencia en las empresas privatizadas, obteniendo el mayor rédito los consumidores, desde el punto de vista de la asignación de los recursos.

3. Constante Impresión de Dinero. Uno de los temas que más se ha debatido tanto en el ámbito internacional como en la esfera local de cada una de las naciones, ya sea desarrollada o en desarrollo, fue el de la inflación. Pues, ésta, estuvo presente en la vida de las naciones, sobre todo en estos años analizados, con la incipiente hiperinflación devenida de ella.

En realidad, la inflación, ese mal que aqueja a lo más pobres antes que nada, viene a costilla de que el gobierno, de los países menos desarrollados, debe emitir para cubrir sus compras de bienes y servicios, y sus pagos a empleados estatales, generando un aumento de la cantidad de dinero en la economía. Entonces, la emisión aumenta la base monetaria logrando que los precios empiecen la corrida hacía el alza, pues se aumenta el consumo de bienes en la economía.

Así, la constante impresión de dinero por parte de la autoridad monetaria de cada país, conduce a la inflación, produciendo una pérdida a los poseedores de dinero. Estos persistentes aumentos generalizados de los precios al alza, han ocasionado un cambio de postura de los gobernantes. Y, los cambios acometidos, terminaron produciendo una importante reducción de los precios, con una continuidad de mantenimiento durante toda la década del noventa, por ejemplo en la Argentina y su Plan de Convertibilidad del Dr. Domingo Cavallo.

4. Transacciones Financieras Estrictamente Controladas. En los países en vías de desarrollo, comúnmente, controlan la mayoría de las transacciones financieras que se desarrollan dentro de su jurisprudencia. Esto ha generado una mercado paralelo, donde se realizan muchas de las transacciones sin la intervención directa del poder gobernante.

Se verá que una de las restricciones que frecuentemente se han escuchado es mantener un tipo de cambio flexible con flotación sucia, ya que se los controla para que queden aparejados al nivel deseado por las autoridades, por medio de constantes mini devaluaciones o revaluaciones de la moneda.

Otra de las restricciones es que, en cierta medida, las monedas de estos países no son convertibles, o sea, no son intercambiadas con frecuencia en el mercado internacional con toda facilidad. Así, queda todo en manos de las autoridades pública, para que cualquier ciudadano que desee moneda de otro país, deba intercambiarla con estos.

De esta manera, las transacciones más relevantes de la economía en cuestión quedan controladas por las autoridades nacionales, dejan un breve espacio para la libertad de los mercados.

5. Exportaciones Dependiente. Claramente, este es un aspecto que marca la historia de estos países. Desde comienzos inmemoriales, las naciones menos desarrolladas han dado sus producciones a los países especialmente desarrollados.

En si, la mayor parte de los países en vías de desarrollo producen gran cantidad de productos relacionados con los recursos naturales y agrícolas. Con ello, estos países poseen una dependencia estrechamente afectada por el precio de las materias primas, precio que oscila frecuentemente, creando subas y bajas constantes de los mismos.

Claro esta que los países que son dependientes de las exportaciones primarias, que sus precios viven oscilando día a día, están atados a las incertidumbres del mercado internacional. Esto, perjudica a los productores y a la sociedad en su conjunto, ya que depende del precio internacional y no pueden modificarlo, cosa que no ocurre en los productos industrializados.

Definitivamente, si los precios fueran más constantes, existiría una economía menos dependiente de las exportaciones primarias. Y, probablemente, las estructuras productivas podrían mantenerse a largo plazo, con un crecimiento más prolongado.

6. Elevada Población. Las naciones menos favorecidas en torno a la cuestión económica, tienen un gran problema de población. Es que existe un número creciente de personas, por la fuerte tasa de natalidad, que contienen estos países. Así, el mismo es un factor determinante del subdesarrollo.

Entonces, lo éste genera es una gran masa de personas improductivas y desocupadas, ya que no encuentran actividad donde desempeñarse productivamente, por la carencia de un entramado económico acorde a la cantidad de personas. Estas cuestiones de infecundidad e inacción dentro de la economía, perjudican a la sociedad en su conjunto, ya que se manifiesta en la insuficiencia en términos alimenticios, sanitarios y culturales.

Ante estas características demográficas de los países en desarrollo, no faltan quienes auguran por el control directo de la natalidad en las zonas más pobres de estas naciones rezagadas económicamente.

Definitivamente, las preocupaciones alimenticias, sanitarias y culturales, dan lugar a la paupérrima educación profesional, dando como resultado una bajísima calificación de la mano de obra en estas naciones. Presentándose, de esta manera, en una limitación del crecimiento necesario para llegar al desarrollo deseado.

7. Escasez de Capital Físico. Es claro, sin dudas algunas, que este problema se presenta muy a menudo en los países en vías de desarrollo. Es sabido, además, que el mismo es una causa esencial, ya que sin el mismo se es casi imposible conseguir el desarrollo tan ansiado para sacar a la población de le mendicidad.

Es que, comúnmente, en estos países hay una laguna, difícil de eliminar en el corto plazo, de innovación tecnológica en base a nuevas fábricas y maquinarias modernas, conjuntamente con la falta de infraestructura a nivel nacional.

Entones, a la insuficiencia de capital para realizar las inversiones necesarias, se la suple con capital externo, o sea, ahorro de países extranjeros, generalmente desarrollados. Porque, en estos países con insuficientes niveles de ingreso, lo poco que cosechan lo gastan, lo consumen. Por ello, el ahorro interno es casi nulo, debiendo esperar que los inversores o especuladores del centro decidan llevar sus monedas hacía estos países.

Claramente, vemos que la dependencia pasa por varias aristas, donde en este caso, es financiera (inversiones extranjeras) y tecnológica (falta de innovaciones). La tecnología es adquirida en otras naciones, para incorporarlas al proceso productivo nacional.

8. Distribución de la Renta. La renta per cápita en las naciones menos favorecidas está lejos de alcanzar o acercarse a la de las potencias desarrolladas. Además, la distribución es mucho más desequilibrada, donde las desigualdades sobrepasan a las medias mundiales.

Es evidente, que con estas discrepancias a la hora de distribuir el ingreso o renta, conlleva a problemas sociales de diversas índoles. Es fehaciente exponer, que las divergencias llevan a distintos latrocinios dentro de una sociedad. Se expresa en común acuerdo, que la pobreza no es la causa de los delitos y depredaciones, porque allí donde existe pobreza extrema no existen ninguno de estas consecuencias. En cambio, donde persiste la desigualdad es donde las mismas se manifiestan constantemente.

En si, la falta de igualdad en la distribución genera continuamente vastos problemas sociales para la ciudadanía. Esto, va a demandar, para solucionarlo, mayores tasas de ahorro e inversión, pilares que faltan siempre.

9. Estructura Económica. No cabe dudas que todo lo dicho anteriormente terminará haciendo, en estos países tan golpeados, una estructura económica endeble de sobremanera. No resta decir, que los ocho nefastos puntos anteriores encuadran a las sociedades subdesarrolladas dentro de un marco totalmente frágil, que se puede romper en cualquier momento.

Este marco indiscutiblemente frágil, terminará contrastando la incertidumbre que suscitan en éstos países; conjuntamente con políticas sin un rumbo fijo, que se acomodan a las distintas coyunturas del momento; también, existen medidas económicas sin planificación a largo plazo, carentes de programas y planes acordes a sus posibilidades.

En claro, las carencias son muchas y de difícil solución pronta. Pues se deben aplicar políticas de estado, para que no sean abandonas al cambio de gobierno. Pero, a pesar de todo esto, las oportunidades son muchas, porque igualmente los países se levantan de los golpes duros que les propician las crisis internacionales..